Arthur Marquez, de 55 años, de San Bernardino, se declaró culpable de un cargo de fraude postal por obtener fraudulentamente más de $2.1 millones en fondos de ayuda durante la pandemia de COVID-19, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según su acuerdo de confesión, desde febrero de 2020 hasta agosto de 2023, Marquez presentó ante el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) solicitudes fraudulentas de beneficios de seguro de desempleo (UI) a nombre de otras personas. La EDD administra el programa de beneficios de desempleo de California. En marzo de 2020, el Congreso estableció un programa, Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), para proporcionar beneficios de UI durante la pandemia a individuos que calificaban.
Las otras personas cuyos nombres utilizó Marquez como parte del esquema incluían individuos no elegibles para la UI porque estaban encarcelados en prisiones estatales de California y personas cuya información de identificación personal (PII) fue utilizada sin su permiso.
Las solicitudes fraudulentas afirmaban falsamente que eran individuos cuyo empleo se había visto afectado negativamente por la pandemia de COVID-19, lo que activaba la elegibilidad para beneficios de UI bajo la ley federal. Las solicitudes también afirmaban falsamente que los demandantes nombrados residían y habían trabajado en California.
Como resultado de las solicitudes falsas de UI que Marquez y sus cómplices presentaron, la EDD autorizó a Bank of America a emitir tarjetas de débito a nombre de docenas de víctimas y demandantes prestanombres.
En total, Marquez y sus cómplices causaron que se presentaran al menos 124 solicitudes fraudulentas de beneficios de UI, causando pérdidas a la EDD y al Tesoro de los Estados Unidos de aproximadamente $2,136,768.
El Juez Distrital de los Estados Unidos Kenly Kiya Kato programó una audiencia de sentencia para el 18 de febrero de 2027, en la cual Marquez enfrentará una pena máxima estatutaria de 20 años de prisión federal.
La coacusada Lisa Puente, de 45 años, de Rialto, se declaró culpable el 3 de septiembre de un cargo de delito grave en este caso y está programada para ser sentenciada por el Juez Kato el 7 de enero de 2027.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos; la División de Investigación del Departamento de Desarrollo del Empleo de California; Investigaciones de Seguridad Nacional; la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.; la Unidad de Servicio Especial del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California; el Servicio Secreto de los Estados Unidos; la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social de EE. UU.; y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investigaron este asunto.
El Fiscal Asistente de los Estados Unidos Benjamin J. Weir de la Sección de Fraudes Graves está procesando este caso.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude (División de Fraude). La División de Fraude se centra en investigar y procesar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. El trabajo del Departamento para combatir el fraude apoya la Fuerza de Tarea del Presidente Trump para Eliminar el Fraude, un esfuerzo de todo el gobierno presidido por el Vicepresidente J.D. Vance para eliminar el fraude, el desperdicio y el abuso dentro de los programas de beneficios federales.
