El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha emitido un cambio en la regla que exige a los solicitantes de vivienda pública verificar su ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal para calificar para la asistencia financiada federalmente. La regla, publicada el jueves en el Registro Federal, revisa las regulaciones de aplicación bajo la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y entra en vigor el 14 de diciembre.
Actualmente, los solicitantes presentan una declaración bajo pena de perjurio de que son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes que residen legalmente. Los ciudadanos estadounidenses autodeclarados no tienen que proporcionar documentación de respaldo. Bajo la nueva regla, los ciudadanos estadounidenses autodeclarados tendrán que presentar, a solicitud, un pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento, certificado de naturalización u otro documento aprobado que corrobore su ciudadanía. Los extranjeros deben presentar evidencia de su estatus de residencia legal.
La regla elimina la disposición de "no contender", bajo la cual los reclamantes podían elegir "no contender" ser inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses. Requiere la verificación de la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los miembros del hogar, independientemente de la edad, incluidos los inquilinos que viven en hogares de "estatus mixto". Los receptores actuales de vivienda apoyada por HUD también tendrán que proporcionar prueba de ciudadanía o documentación migratoria para permanecer como inquilinos.
HUD permitirá temporalmente asistencia prorrateada para una familia con individuos cuyo elegibilidad no se haya establecido firmemente, mientras se revisa a todos los miembros del hogar. El cambio en la regla no obliga a las familias de estatus mixto a separarse. Las familias pueden continuar viviendo juntas, pero no pueden recibir asistencia federal de vivienda indefinidamente.
El secretario de HUD, Scott Turner, dijo en un comunicado: "Es inaceptable que los veteranos estadounidenses sin hogar, discapacitados, ancianos y víctimas de violencia doméstica languidezcan en las listas de espera mientras los ilegales e inelegibles estafan nuestro sistema. Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán la cuenta. Promesas hechas, promesas cumplidas".
